¿Qué está pasando en Bangladesh? Aumenta la represión y los muertos en las multitudinarias protestas estudiantiles
*Por Pablo Jaruf
Como ustedes saben, nuestro blog es sobre buenas noticias. De todas maneras, también solemos redactar notas donde intentamos resaltar aspectos positivos o posibles resoluciones en conflictos, o bien simplemente aproximarnos de manera crítica, pero sin insuflar odios o rencores, que lo único que generan es seguir profundizando los problemas. Sin dudas, hablar de represión y de muertos no tiene nada de bueno, menos cuando no es posible advertir indicios de que tal situación se revierta en lo inmediato. No obstante, puede servir para visibilizar una cuestión en la que muchas personas están dejando su vida, pero que el resto del mundo ignora, más en nuestro ámbito de habla hispana. Esta última es la apuesta con la presente nota, que trata sobre las multitudinarias protestas estudiantiles que están teniendo lugar en Bangladesh, país del sur de Asia.
Hace tres años, en nuestro blog publicamos una nota con motivo de los cincuenta años de la fundación de la República Popular de Bangladesh, destacando el notable crecimiento económico del país a partir de las reformas impulsadas por el gobierno de Sheikh Hasina Wazed desde 2009 en adelante. En ese entonces señalamos que ya había superado en renta per cápita a la República de la India y que en 2020, aún en el contexto de la pandemia de Covid-19, la economía de Bangladesh había sido una de las pocas que logró crecer: 4%. Incluso, si bien suele ser un país asociado con el hambre y la extrema pobreza, indicamos que habían logrado la autosuficiencia en la producción de alimentos y escalado trece puestos en el Índice Global del Hambre, ubicándose muy por delante de India, y que desde 2009 la cantidad de personas que vivía en la pobreza extrema se había reducido de 19% a 9%.
Ahora bien, más allá de estas muy buenas noticias, en la misma nota habíamos advertido que Bangladesh comenzaba a afrontar una serie de nuevos problemas, los cuales podríamos englobar bajo la categoría de "crisis de crecimiento", es decir, de dificultades provocadas por un rápido crecimiento económico en un contexto donde tanto la organización como la infraestructura no se modificaba con el mismo ritmo para poder sostener y ampliar esta nueva dinámica social. Un aspecto que señalamos era que el crecimiento se basaba principalmente en la industria textil, donde había salarios muy bajos y condiciones de trabajo insalubres e inseguras. A lo anterior había que sumar problemas como la amplia corrupción en el sector público, los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, y la discriminación de determinados grupos sociales, como el caso de los rohingyas. Pues bien, ahora hay que considerar también la emergencia de un sector juvenil descontento, que a pesar de estudiar y de formarse para contribuir con el desarrollo del país, no consigue trabajo o bien debe emplearse en tareas con un salario muy por debajo de lo esperado.
Este sector, que ya mostraba indicios de organización y de movilización en 2018 - cuando los jóvenes salieron a las calles tras la muerte de dos estudiantes atropellados por un autobús, exigiendo mejoras en la seguridad vial y una aplicación más estricta de las leyes de tráfico -, terminó por demostrar su peso estos últimos días, pues desde comienzos de julio lograron llevar adelante grandes protestas a las que se sumaron otros grupos y personas descontentas. El ataque de grupos oficialistas anti-protestas motivó la intervención de las fuerzas de seguridad, que desataron una fuerte represión donde usaron gases y balas, provocando hasta ahora decenas de muertos y de heridos. Sin embargo, los manifestantes, en lugar de amedrentarse se han envalentonado, provocando una escalada en la violencia de los enfrentamientos. Por esta razón, desde el jueves 18 de julio la conexión a internet está suspendida, se han sumando las fuerzas de defensa a la represión, y hace apenas unas horas se ha decretado el toque de queda nocturno.
La causa inmediata que motivó estas protestas fue la reestablecimeinto del sistema de cuotas, según el cual el 30% de los puestos del sector público están reservados para los familiares de los veteranos que lucharon en la guerra de independencia de Bangladesh de Pakistán en 1971. Los manifestantes afirman que este sistema es discriminatorio y favorece a los partidarios del partido gobernante, la Liga Awami, que ya lleva 15 años en el poder. Por esta razón, reclaman una contratación que esté basada en el mérito.
Por supuesto, lo anterior fue solo la mecha que terminó por encender un descontento que desde años viene gestándose, donde los estudiantes no sólo exigen una mejora en la calidad de la educación, en las condiciones de vida en los albergues estudiantiles y la falta de servicios básicos en sus residencias, sino también respetar la libertad de expresión y profundizar las reformas democráticas en su país. Pero, como decíamos, lo más grave es la falta de trabajo pues, según datos estadísticas oficiales de 2023, casi uno de cada cinco bangladesíes de entre 15 y 24 años no tiene trabajo. La situación es aún más grave entre los graduados universitarios, quienes enfrentan tasas de desempleo más altas que sus pares menos educados. Es común encontrar que las bibliotecas universitarias están llenas de jóvenes graduados que se preparan para el examen de servicio civil, compitiendo por los escasos empleos gubernamentales que prometen seguridad laboral, buenos ingresos y prestigio. Por ejemplo, en la prueba de selección del año pasado, unos 346.000 candidatos compitieron por sólo 3.300 puestos de trabajo, según los medios locales.
De todas maneras, la violencia que se ha desatado en las calles de Daca, la capital, así como en otras ciudades del país, no muestra indicios de apaciguarse, pues ahora se suman acusaciones de que entre los manifestantes están actuando razakares, es decir, personas que se identificarían con un grupo paramilitar que cometió distintos crímenes durante la guerra de independencia de Bangladesh en 1971, tales como masacres de civiles, robos y violaciones. Claro está, quienes reivindican el accionar de este grupo, que actuaba de manera ilegal a favor de Pakistán Occidental, hoy República Islámica de Pakistán, son considerados traidores a la patria y anti-nacionalistas, razón por la cual el gobierno justifica la dureza de las medidas que se están tomando contra los manifestantes. Peor aún, parte de los estudiantes, a modo de protesta, comienza ahora a enarbolar el eslogan de "somos razakares", en un intento por desacreditar estas supuestas falsas acusaciones.
Como vemos, todo indica que la situación se va radicalizando con el pasar de los días y que si, acaso, retorna una cierta paz social, será a costa de una fuerte represión y un recorte de los derechos civiles, como limitar el acceso a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Incluso, aunque se logre una tregua y se reformule el sistema de cuotas para dar lugar a las demandas de los estudiantes, los problemas de fondo seguirán persistiendo, pues el desarrollo de una mejor organización e infraestructura demandará años de trabajo serio y continuo. Esperamos que las autoridades del país asiático estén a la altura de las circunstancias y generen las condiciones que permitan a sus habitantes tener trabajo y sueldo dignos, basamento para afianzar el crecimiento económico que por suerte ha vivido en los últimos años este país del sur asiático.
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